Debido a la necesidad de incrementar la competitividad y mejorar las infraestructuras, en los últimos años varios países en América Latina se han impulsado muchos programas y proyectos. Una muestra de esta situación se encuentra en el estudio realizado por AFIN y EY (2017), el cual reflejó que se necesitaban 160.000 millones de dólares para cerrar las brechas de infraestructuras que existían en Perú hasta el año 2017. Otro ejemplo de esta afirmación se encuentra en los programas 4G y 5G de infraestructuras viales en Colombia (Portafolio, 2021) que involucran la construcción de proyectos carreteros, aeroportuarios y fluviales para mejorar la conectividad del país. Finalmente, solo por nombrar otro caso reconocido, se puede mencionar el megaproyecto de ampliación del Canal de Panamá (Forbes México, 2018).
Ahora bien, así como se leen en los diarios los anuncios de inicios de proyectos de infraestructura, no es menos frecuente encontrar proyectos en los que hubo sobrecostos, atrasos, entre otros impactos. Muchos de estos proyectos llegan a tribunales arbitrales u otras instancias legales para dirimir los reclamos que se generan a lo largo de su ejecución. Un caso que se puede mencionar, entre tantos, consiste en “…el arbitraje de inversión contra el Estado de Panamá por más de 1.000 millones de euros” (El Español, 2021), con relación al proyecto de ampliación del Canal de Panamá.
Otra cifra alarmante en infraestructura indica que el “98% de proyectos de construcción en Colombia tiene sobrecostos de más del 20%” (La Opinión, 2021), situación que podría llegar a representar una fuente de reclamaciones entre los interesados de los proyectos. Al revisar noticias de Perú, la situación no es diferente a los otros países consultados, para presentar un ejemplo se encontró que el “fallo de arbitraje sobre gasoducto peruano se emitiría a fines 2022” (BNAmericas, 2021) situación que pudiera afectar la disponibilidad del combustible que tenía previsto transportarse por esta instalación, además de causas mayores costos y duraciones a las previstas.
Debido a lo anterior, nos planteamos la siguiente pregunta:
¿Podrían gestionarse de una forma integrada los reclamos en proyectos de infraestructura mediante la elaboración de una propuesta de modelo 4Ps (Planificación, predicción, prevención y análisis post mortem)?